Castrismo facilita atropellos en Cuba

Escrito el 15. abr, 2011. Por , en Noticias

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA) denunció que el código penal en Cuba facilita el atropello a los derechos humanos.
“Las restricciones sobre derechos políticos, libertad de expresión y de diseminación de pensamiento, constituyen violaciones permanentes y sistemáticas de los derechos humanos del pueblo de Cuba”.

En Cuba continúan las restricciones a los derechos más básicos del pueblo, denunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe anual sobre la situación en el hemisferio.
El reporte divulgado este jueves incluye a Cuba, Venezuela, Colombia y Honduras en el Capítulo Cuarto, dedicado a los países donde la entidad observa situaciones alarmantes.

La Comisión, adscrita a la Organización de los Estados Americanos, valora la reciente excarcelación de 115 presos cubanos, a la vez que lamenta la transgresión constante de los derechos fundamentales en la isla.

En particular, está inquieta por la situación de los derechos políticos, las garantías procesales y la independencia del sistema judicial, las restricciones sobre los derechos de residencia y movimiento, la privación de libertad de los disidentes, la libertad de expresión, y las condiciones en que se encuentran los defensores de los derechos humanos.

“Las restricciones sobre derechos políticos, libertad de expresión y de diseminación de pensamiento, constituyen después de más de medio siglo de violaciones permanentes y sistemáticas de los derechos humanos del pueblo de Cuba.

Esta situación es agravada por la falta de independencia judicial”, subraya el informe anual.
El 2 de febrero del 2011, la Comisión envió sus conclusiones al gobierno de Raúl Castro y solicitó sus observaciones, pero no recibió respuesta alguna.

La Comisión advierte que el gobierno cubano restringe el flujo de información sobre los derechos humanos, lo que complica los esfuerzos para verificar acusaciones de tortura en la isla. En ese sentido, precisa el documento, el gobierno cubano viola los compromisos que ha asumido en acuerdos internacionales.

El organismo pide a Estados Unidos que ponga fin al embargo contra el gobierno comunista, porque perjudica al pueblo, y recuerda que la comunidad internacional, por medio de Naciones Unidas, ha solicitado la anulación de dichas sanciones.

No obstante, la entidad asevera que el gobierno cubano no puede culpar a Washington por la falta de libertad en la isla.

El informe ofrece detalles sobre la represión, como por ejemplo la inexistencia de elecciones libres, la supresión de la libertad de expresión -uno de los pilares de la democracia-  los arrestos de corto y largo plazo de opositores, y los actos de hostigamiento contra organizaciones pacíficas, como las Damas de Blanco.

La falta de independencia de los tribunales en Cuba es de particular interés para la Comisión, pues personas inocentes suelen ser las víctimas de ese proceso. En Cuba, el sistema judicial es controlado directamente por el brazo ejecutivo, lo que viola las garantías para un juicio justo, indica el documento.

La Comisión deplora algunos de los conceptos del código penal porque facilitan el arresto de personas inocentes que no cometieron crimen alguno.

En sus conclusiones, la Comisión afirma que la represión es permanente en Cuba e insta al gobierno de Raúl Castro a reformar las leyes de la nación y a respetar las garantías procesales en los tribunales.

Solicita que Cuba adopte medidas para impedir que la pena de muerte sea aplicada en violación a las normas internacionales que garantizan un juicio justo, que ponga en libertad a todos los presos políticos y que anule las condenas impuestas a los 75 opositores arrestados en la Primavera Negra del 2003.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también insta al gobierno de Cuba a eliminar el concepto de “peligrosidad predelictiva” del código penal y cesar el hostigamiento a personas que ejercen su derecho de asociación para promover los derechos humanos y llevar a cabo actividades humanitarias y sindicales.

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